Puerto Rico ha puesto la salud pública en el centro del debate legislativo con una meta ambiciosa: erradicar la hepatitis C en la isla para el año 2030. Así lo aseguró el Hon. Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud del Senado, quien explicó los pasos que se están dando desde el Capitolio para lograrlo, incluyendo una millonaria asignación presupuestaria y la aprobación de leyes clave.
“En el cuatrienio pasado, específicamente en el año 2023, la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley 67, que precisamente lo que persigue es erradicar la hepatitis C”, explicó Morales.
Esta normativa marca un hito en la lucha contra una enfermedad que afecta a miles de personas en la isla, y se suma a otras iniciativas previas como la ley del 2013, que promueve la realización de pruebas para detectar la enfermedad, y la Ley 113 del 2023, que establece un día para concienciar sobre la hepatitis C.
Pero los esfuerzos no se han quedado en el papel. Morales detalló que, tras negociaciones entre la administración de la comisionada residente Jennifer González y la Junta de Control Fiscal, se logró asegurar una asignación de $21 millones que serán incorporados en el presupuesto estatal que entra en vigor el 1 de julio de 2025.
El Senado se compromete a fiscalizar los fondos para tratamientos
El dinero será utilizado por los Departamentos de Salud y de Corrección para ofrecer tratamiento a las personas diagnosticadas con hepatitis C. El presupuesto, según Morales, tiene un único objetivo: brindar tratamiento efectivo a los pacientes.
“Van a estar contemplados precisamente en el presupuesto… única y exclusivamente para el acuerdo que han logrado establecer tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Corrección”, señaló el senador.
El legislador también enfatizó el papel de la Legislatura no solo como ente aprobador de fondos, sino como vigilante del uso correcto de estos recursos. “Nuestra función será continuar colaborando con estas dos entidades, pero más que eso, fiscalizar que esos 21 millones de dólares se utilicen de manera adecuada para realizar los tratamientos de hepatitis C”, subrayó Morales.
La instrucción del presidente del Senado, dijo, es clara: asegurar que cada dólar asignado tenga un impacto real y directo en la vida de las personas afectadas.
“La instrucción ha sido de colaboración con estas dos entidades, pero más que eso, fiscalizar que ese dinero se utilice única y exclusivamente dirigido hacia los pacientes de hepatitis C”, reiteró.
Con esta combinación de legislación, asignación presupuestaria y supervisión, el gobierno puertorriqueño espera avanzar con paso firme hacia la erradicación de una enfermedad silenciosa pero letal. Y, de paso, demostrar que cuando hay voluntad política, se pueden lograr grandes cambios en salud pública.
