En Puerto Rico, comer bien —o simplemente comer para mantener una buena salud— se está volviendo un privilegio. Mientras el gasto mensual de las familias supera los $3,000, el acceso a una alimentación adecuada se vuelve más limitado, empujando a miles a una vida marcada por la inseguridad alimentaria, una condición que no solo afecta el bolsillo, sino también la salud física y mental.
Según la más reciente Radiografía del Consumidor 2025, comisionada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el gasto mensual en alimentos y productos del hogar aumentó un 13% en un solo año, pasando de $452 en 2024 a $509 en 2025.
Representa ya un 17% del presupuesto familiar, sin contar aumentos en vivienda, transporte y servicios básicos como agua y luz.
Precios en alza, ingresos estancados: la receta de la desigualdad
Lo alarmante no es solo el aumento, sino el contraste: mientras los precios suben, los ingresos no. Un 44% de los hogares encuestados mantuvo su ingreso sin cambios y un 17% reportó una reducción salarial. Solo el 39% dijo haber recibido algún aumento.
El resultado: muchas familias tienen que decidir entre pagar la luz o comprar comida.
Dietas dictadas por el bolsillo, no por la nutrición
Aunque el arroz, el pan, los huevos y las carnes siguen siendo productos frecuentes en la compra, la ecuación ha cambiado: se paga más por menos. La dieta puertorriqueña, influenciada por los precios y no por la nutrición, se llena cada vez más de productos ultraprocesados y bajos en valor nutritivo.
Según MIDA, las carnes encabezaron la lista de productos adquiridos con mayor frecuencia (78%), seguidas por arroz (64%), pan (42%) y huevos (48%). Frutas y vegetales (42%), queso (37%), granos y café (35%), y pollo (33%) completan la lista. Esta tendencia refleja una alimentación basada en lo económico, no en lo saludable.
Además, Puerto Rico tiene una de las canastas básicas más caras de los Estados Unidos, debido en parte a los altos costos de transportación marítima y las restricciones de la Ley Jones.
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Enfermedades crónicas: una consecuencia directa de la inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria no solo implica la falta de acceso constante a alimentos suficientes, sino que también es un factor determinante en el desarrollo de enfermedades crónicas que afectan a millones de personas.
En contextos de escasos recursos, las personas tienden a consumir alimentos más baratos, ultraprocesados y con bajo valor nutricional, lo que eleva significativamente el riesgo de padecer afecciones de salud a largo plazo.Entre las más comunes se encuentran la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.
Según un estudio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publicado en la revista Preventing Chronic Disease, los adultos que viven con inseguridad alimentaria severa tienen 2.2 veces más probabilidades de desarrollar diabetes que aquellos con acceso estable a alimentos.
Además, entre los adultos de 30 a 59 años con muy baja seguridad alimentaria, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años supera el 20%.
La obesidad también está fuertemente relacionada con la inseguridad alimentaria. Aunque pueda parecer contradictorio, la dificultad para acceder a alimentos nutritivos impulsa el consumo de productos altos en calorías, azúcares y grasas saturadas. Esto provoca un desequilibrio metabólico que, con el tiempo, deriva en hipertensión, enfermedades renales crónicas, colesterol elevado y síndrome metabólico.
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Además, estas condiciones suelen coexistir: una persona con inseguridad alimentaria puede presentar obesidad, diabetes e hipertensión al mismo tiempo, lo que complica su tratamiento y deteriora aún más su calidad de vida.
En Puerto Rico, donde más del 72.4% de la población adulta vive con obesidad y aproximadamente un 20% ha sido diagnosticada con diabetes, este panorama se convierte en una emergencia de salud pública.
La falta de acceso a alimentos saludables no solo afecta lo que se come, sino que determina las probabilidades de enfermarse, de vivir con dolor crónico y de enfrentar limitaciones funcionales.
Por eso, la inseguridad alimentaria no puede verse únicamente como un problema económico: es también una causa directa y silenciosa de múltiples enfermedades crónicas que afectan a toda la sociedad.
El impacto silencioso en la salud mental
Según la American Psychological Association, la incapacidad de acceder regularmente a alimentos nutritivos y suficientes genera estrés financiero crónico, que puede alterar los ciclos de sueño, debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de depresión y ansiedad.
Aunque la inseguridad alimentaria es un problema global, Puerto Rico enfrenta desafíos particulares. Un informe de la Universidad George Washington reveló que el 40% de las familias puertorriqueñas reportaron inseguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19, y un 20% indicó que algún adulto en el hogar tuvo que dejar de comer por falta de fondos.
La niñez y adolescencia también sufre las consecuencias. Datos de Feeding America señalan que menores en hogares con inseguridad alimentaria tienen un 60% más de riesgo de trastornos de salud mental, bajo rendimiento académico y conductas autodestructivas.
En la isla, una encuesta del Instituto de Estadísticas mostró que alrededor del 30% de los hogares con niños enfrentan algún nivel de inseguridad alimentaria, reflejando un impacto generacional preocupante que amenaza el futuro del país.
Disponibilidad no es acceso: los desiertos alimentarios en Puerto Rico
Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de los alimentos que consume, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) . Esta alta dependencia de las importaciones expone a la isla a fluctuaciones en los precios globales, interrupciones en la cadena de suministro y desastres naturales, como huracanes, que pueden afectar gravemente la disponibilidad de alimentos.
Aunque los supermercados y colmados en áreas urbanas suelen estar bien abastecidos, el acceso real a alimentos saludables y frescos es limitado en muchas comunidades rurales.
El problema no radica en la disponibilidad de productos en las estanterías, sino en los bolsillos vacíos de muchas familias que no pueden costearlos.
Municipios como Maricao, Las Marías y Jayuya enfrentan desafíos significativos en el acceso a alimentos frescos. Por ejemplo, en Las Marías, el 54% de la población vive en condiciones de pobreza, con un ingreso medio por hogar de solo $16,170 anuales . Estas cifras reflejan una realidad donde muchas familias deben recorrer largas distancias, a menudo más de 45 minutos, para acceder a supermercados que ofrezcan productos frescos y nutritivos.
Además, la falta de incentivos robustos para la producción agrícola local ha limitado la capacidad de autosustentación alimentaria de la isla. Según el USDA, la agricultura representa solo una fracción del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico . Esta situación contribuye a la escasez de productos locales frescos y a una mayor dependencia de alimentos procesados y menos nutritivos.
Esta combinación de factores crea un entorno alimentario desigual, donde muchas familias deben elegir entre cantidad y calidad, y donde la nutrición adecuada se ve comprometida por limitaciones económicas y geográficas.
Parches temporales ante una emergencia crónica
Los programas gubernamentales de asistencia nutricional en Puerto Rico, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), ofrecen alivio a corto plazo, pero no representan soluciones estructurales frente a los persistentes niveles de inseguridad alimentaria en la isla.
Según datos del Departamento de la Familia, más de 300,000 adultos mayores dependen del PAN, y alrededor de 1.33 millones de personas —aproximadamente el 42% de la población de Puerto Rico— reciben algún tipo de ayuda nutricional.
Un estudio reciente del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico reveló que el 68% de los 597,000 hogares que participan en el PAN vive por debajo del umbral de pobreza. Además, el 55% de estos hogares incluye al menos un adulto mayor de 60 años, y casi la mitad cuenta con una persona con discapacidad.
Contrario a la percepción común de que los beneficiarios no trabajan, el 59% de los hogares encuestados tuvo al menos un miembro empleado fuera del hogar en los últimos 12 meses, lo que demuestra que tener trabajo no garantiza seguridad alimentaria ni suficiente ingreso para cubrir necesidades básicas.
En 2024, el Gobierno federal asignó menos fondos de los esperados para asistencia nutricional en Puerto Rico, lo que ha intensificado la presión sobre los programas existentes. A diferencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que opera con financiamiento abierto en los estados según la necesidad, el PAN funciona con un tope presupuestario fijo que limita su capacidad de respuesta ante aumentos en la demanda.
Sin embargo, estas soluciones de corto plazo actúan como parches frente a una emergencia crónica que exige una transformación profunda del sistema de asistencia alimentaria en la isla.
Organizaciones comunitarias y expertos en salud pública alertan que la falta de una política sostenible para atender la inseguridad alimentaria incrementa la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo, especialmente adultos mayores, personas con discapacidades y niños.
La inseguridad alimentaria no solo agrava condiciones de salud preexistentes, sino que también perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo económico y social en Puerto Rico.
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