La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado adelantó una audiencia pública centrada en tres proyectos legislativos que podrían transformar áreas críticas del sistema gubernamental: los derechos de víctimas de violencia sexual, el intercambio de datos médicos y el uso de inteligencia artificial en servicios públicos.
La sesión, presidida por el senador Wilmer Reyes Berríos, contó con la participación de funcionarios, expertos técnicos y organizaciones del sector salud.
Uno de los temas más destacados fue el Proyecto de la Cámara 21 (PC 21), que busca establecer un sistema digital interagencial para que víctimas de agresión sexual puedan rastrear el estatus de su kit forense. La propuesta, presentada por el representante Méndez Núñez, recibió amplio respaldo, incluyendo el de la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Dra. María S. Conte Miller.
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“El sistema fortalece la confianza ciudadana y empodera a las víctimas sin comprometer su privacidad”, afirmó Conte. Indicó que entre 2020 y 2024 se han incluido 777 kits forenses en la plataforma, que ha registrado más de 13,300 visitas.
Agregó que el 80 % de los casos ya se manejan internamente y que el rezago en análisis forense ha sido eliminado. Recomendó además que la ley especifique cómo se notificará a las víctimas, delegando esa tarea al Departamento de Justicia o a la Policía.
Intercambio electrónico de información médica
También se evaluó el Proyecto del Senado 613 (PS 613), que propone derogar la Ley 40-2012 y establecer un nuevo marco legal para el Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE), consolidándolo como el ente oficial de intercambio de datos médicos en la isla.
El secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, participó de forma remota y señaló que el proyecto “corrige errores del pasado” y busca mejorar la coordinación entre proveedores y evitar la duplicación de pruebas. El Departamento de Hacienda avaló la propuesta, destacando su sostenibilidad financiera.
Mientras tanto, empresas como Fresenius Medical Care propusieron ajustes para permitir la interoperabilidad con redes nacionales existentes, sin imponer requisitos técnicos innecesarios.
El tercer proyecto discutido, el PS 622, propone la creación de la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”. La medida obligaría a las agencias a informar si el ciudadano está interactuando con un sistema automatizado, y garantizaría acceso a atención humana si así se desea.
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“El proyecto es vital para proteger derechos en la era digital”, dijo Joshua Castro, presidente de Soy Un Glitch LLC. No obstante, advirtió que el gobierno necesita desarrollar capacidad técnica antes de implementar la ley.
La secretaria del DACO, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, a través de su portavoz, señaló que la transparencia en el uso de IA es esencial para proteger a las personas mayores y evitar manipulaciones.
Ambos coincidieron en que la medida debe aplicarse solo al sector público, para evitar restricciones innecesarias a la innovación en el sector privado.
Sin participación del PRITS
El senador Wilmer Reyes Berríos lamentó que la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) no presentara ponencias ni se excusara de la audiencia, a pesar de ser una entidad clave en los procesos tecnológicos del gobierno.
“Puerto Rico tiene la oportunidad de liderar donde convergen la tecnología, la justicia y los derechos humanos. Este trabajo no puede esperar”, concluyó el legislador, quien aseguró que la Comisión continuará afinando los proyectos para garantizar equidad, eficiencia y transparencia.
