En Puerto Rico, cientos de personas viven con condiciones médicas que requieren acceso urgente y frecuente a baños, como las enfermedades inflamatorias del intestino (EII), la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, entre otras. Estas condiciones, muchas veces invisibles, afectan no solo la salud física de quienes las padecen, sino también su calidad de vida, autonomía y bienestar emocional. Sin embargo, a pesar de las necesidades específicas de esta población, no existe actualmente una legislación que garantice el acceso a baños en espacios comerciales para quienes lo requieren por razones médicas.
Frente a esta realidad, se ha comenzado a gestar un movimiento que busca impulsar la aprobación de una ley que exija a los establecimientos comerciales en Puerto Rico la creación o habilitación de baños accesibles para pacientes previamente identificados. Esta propuesta está siendo liderada por la Dra. Esther A. Torres, reconocida gastroenteróloga y presidenta de la Fundación Esther A. Torres (FEAT), quien ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de los pacientes con enfermedades crónicas digestivas.
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«Esta es una necesidad urgente y fundamental», sostuvo la Dra. Torres al referirse al proyecto. “Muchas veces, los pacientes se ven obligados a limitar sus salidas o evitar actividades cotidianas por miedo a no encontrar un baño disponible a tiempo. Es una situación que impacta profundamente su dignidad y su derecho a participar plenamente en la sociedad”.
La medida legislativa propuesta buscaría que personas con condiciones médicas certificadas pudieran contar con una tarjeta de identificación o documento oficial que les permitiera acceder a baños en comercios que, de otra manera, los mantendrían fuera del alcance del público. Experiencias similares ya se han implementado en otros lugares del mundo, como Estados Unidos y varios países europeos, donde leyes conocidas como «Restroom Access Act» o «Ley Ally’s» han establecido precedentes en esta materia.
Según FEAT, la implementación de una ley de este tipo en Puerto Rico no representaría un gasto significativo para los comercios, pero sí tendría un impacto enorme en la vida de los pacientes. “No se trata solo de comodidad, sino de salud, seguridad y justicia para quienes viven con estas condiciones”, enfatizó la Dra. Torres.
La propuesta se encuentra actualmente en etapa de promoción y diálogo con distintos sectores, incluyendo legisladores, asociaciones médicas, organizaciones de pacientes y entidades comerciales.
