Senado aprueba proyecto para combatir la soledad y asistir a adultos mayores en emergencias

Con el objetivo de atender el aislamiento social y proteger a los casi 194,000 adultos mayores que viven solos en la isla, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1462, de la autoría del senador por el Distrito de Arecibo, Héctor González López.

La pieza legislativa establece la Ley para la Prevención del Aislamiento Social y la Soledad No Deseada de las Personas Adultas Mayores. La medida pasará a la consideración de la Cámara de Representantes.

El programa Conecta 60+ busca identificar de manera voluntaria a personas de 60 años o más que carezcan de redes de apoyo cercanas para mantener contacto periódico con ellas y enlazarlas con servicios municipales, comunitarios y de salud. En el proyecto se establece como contacto prioritario en emergencias a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA), junto al Negociado para el Manejo de Emergencias y los municipios, que activaran un protocolo especial para localizar y asistir a participantes de mayor riesgo durante huracanes, terremotos, inundaciones o interrupciones prolongadas de luz, agua y telecomunicaciones. La medida también busca que sea el adulto mayor quien decida si es referido o no a un hogar pues el senador Gónzalez López plantea que vivir solo no siempre implica soledad no deseada y por ello deberá regir un consentimiento por parte del adulto mayor. 

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Según datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (publicados en abril de 2025), alrededor de 193,560 personas de 65 años o más viven solas en Puerto Rico.

“Cuando ocurre un huracán o una interrupción prolongada de servicios esenciales, muchas familias se comunican para saber si sus padres o abuelos están bien. Pero también hay adultos mayores que viven solos y no cuentan con alguien que pueda llamarlos o acudir a ayudarlos. Esa es una realidad que no podemos ignorar”, expresó González López.

Para evitar cargas fiscales, la ley dispone que la OPPEA utilice sus recursos humanos actuales mediante acuerdos colaborativos con municipios, entidades sin fines de lucro e instituciones de salud para la ejecución de la política pública y no obligará a los gobiernos municipales a crear nuevas plazas ni a incurrir en gastos no presupuestados.

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