El liderato político de Puerto Rico, junto a representantes de la industria médica y aseguradora, se reunió en el Puerto Rico Health Policy Conference 2026 para presentar un reclamo unificado ante Washington D.C.: evitar el inminente “precipicio fiscal” en el financiamiento de Medicaid.
Según advirtieron los participantes, la expiración de los fondos federales actuales podría desestabilizar el sistema de salud de la isla y dejar sin cubierta médica a cerca de la mitad de la población para finales del próximo año. El evento también sirvió como escenario para presentar un informe preliminar de 84 páginas y un memorando de entendimiento (MOU) multipartidista.
La meta de este frente unido es asegurar una asignación estructural a largo plazo y acabar con los parches financieros temporales antes de que expire la extensión actual de fondos el próximo 30 de septiembre de 2027.
Durante la conferencia, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, expuso con urgencia las drásticas consecuencias que enfrentará la isla si el Congreso de los Estados Unidos no enmienda de forma permanente la ley actual, la cual obligaría a Puerto Rico a regresar a un tope de pareo federal (FMAP) de apenas un 55 %.
«Si no se arregla la ley, volveríamos a un 55 %, perdiendo casi 3.5 billones de dólares. Un estimado de 700,000 a 1 millón de personas podrían perder su cobertura de salud. Quizá más de 48,000 trabajos se perderán, y la migración acelerará, empujando a más puertorriqueños fuera de la isla», advirtió la mandataria.
González Colón detalló las solicitudes específicas que el Gobierno de Puerto Rico presentará formalmente ante el foro federal: un presupuesto base estimado en $4,400 millones para el año fiscal 2028 con un incremento anual automático del 5 % para mitigar la inflación y los cambios demográficos, además de la aplicación de la misma fórmula de pareo que reciben los estados, lo que elevaría el FMAP de la isla a un 83 %.
Consenso multipartidista y estrategia en el Congreso
Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, coincidió en la vital importancia de dejar a un lado las líneas partidistas para proteger el Plan Vital, el modelo de salud pública que atiende a 1.3 millones de beneficiarios en la isla. El funcionario anticipó que, aunque las negociaciones formales suelen concretarse a última hora debido a la naturaleza operativa del Congreso, el ambiente con los líderes de comités clave con jurisdicción es positivo.
«El Congreso tiene que legislar una extensión de esos fondos y para eso es importante que trabajemos unidos. estoy optimista de que se va a lograr. Si estamos unidos, hablando en una sola voz, llevando las mismas estadísticas y haciendo el mismo reclamo, el Congreso va a responder positivamente», puntualizó Hernández.
Además destacó que el argumento de la migración masiva hacia estados como Florida —donde los servicios médicos resultan sustancialmente más costosos para el erario federal— se mantiene como una de las herramientas de cabildeo más persuasivas ante los legisladores estadounidenses.
Apuestan a la integridad para conseguir fondos
A diferencia de crisis fiscales anteriores, el liderato de salud pública subrayó que Puerto Rico acude a Washington con un expediente impecable en cuanto al control de fraude y cumplimiento normativo. Las estadísticas oficiales presentadas demuestran que las unidades de integridad locales han logrado reducir las tasas de error y pagos impropios a niveles significativamente menores que los promedios en los estados de la Unión.
El doctor Víctor Ramos Otero, secretario de Salud, validó que la isla ya no puede sostenerse bajo la incertidumbre de parches fiscales bianuales y apuntó a los servicios esenciales que hoy carecen de financiamiento adecuado.
«Nuestra idea es extender lo que tenemos por el mayor tiempo posible, pero también queremos los programas que no tenemos como el Long-Term Care (Cuidado Prolongado), que es el 30 % del dinero de los programas de Medicaid en Estados Unidos y nosotros no lo tenemos, o el Medicare Savings Program. Vamos a abogar por el FMAP de 83 %; nos corresponde por el nivel de pobreza», sentenció.
Por otro lado, el licenciado Carlos Santiago Rosario, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), defendió la transparencia e institucionalidad con la que se manejan las finanzas del seguro público bajo la presente administración, desmitificando visiones negativas en la capital federal.
«Puerto Rico ha recibido consistentemente esos 75 millones [de incentivo] porque el gobierno federal ha entendido que nosotros estamos en cumplimiento con esa parte. Lo que hemos podido lograr es que el programa de nosotros se vea como un programa con mucha identidad e integridad, como es lo que nos representa a nosotros en Puerto Rico», afirmó Santiago Rosario.
Próximos Pasos
El comité multisectorial informó que el borrador final del informe de 84 páginas se encuentra bajo revisión por los diversos sectores y el Comisionado Residente para enmiendas finales. Una vez completado en los próximos días, el documento se publicará para el beneficio de toda la ciudadanía y se convertirá en el manual oficial de los delegados de la isla en sus próximas rondas de cabildeo de cara a la discusión presupuestaria del año fiscal federal 2027-2028.
