La medida legislativa busca que el Departamento de Salud ubique y asista rápidamente a personas electrodependientes durante fallas eléctrica
Con el objetivo de proteger la vida de pacientes cuya salud depende de equipos médicos conectados a la electricidad, el senador por el Distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos, presentó una medida legislativa para crear un registro confidencial que permita a los equipos de emergencia localizarlos y brindarles asistencia rápida durante apagones prolongados o desastres.
El Proyecto del Senado 1641, que establecería la Ley del Registro Confidencial de Personas Electrodependientes bajo el Departamento de Salud, se enfoca exclusivamente en recopilar datos operacionales de ubicación y contacto, sin exigir que el paciente divulgue su diagnóstico ni su expediente clínico.
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La iniciativa responde a una marcada disparidad en los datos oficiales que deja desprotegidos a miles de pacientes en la isla: mientras el sistema federal emPOWER identifica al menos 47,161 personas electrodependientes en Puerto Rico, el registro local de subsidios eléctricos por uso de equipos de preservación de vida cuenta con apenas 3,134 participantes inscritos.
«Cuando ocurre un apagón prolongado, para una persona que depende de un equipo médico eléctrico no estamos hablando solamente de una interrupción del servicio. Puede tratarse de una situación que comprometa su salud o su vida», advirtió Reyes Berríos, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado.
De convertirse en ley, la inscripción sería voluntaria, gratuita y abierta a pacientes de cualquier edad con dependencia permanente o temporal, requiriendo únicamente una certificación médica que confirme el uso del equipo sin revelar diagnósticos ni tratamientos. El registro solo recopilaría datos operacionales —como nombre, dirección, instrucciones de llegada, teléfonos y un contacto de emergencia opcional—, los cuales el Departamento de Salud verificaría anualmente sin exigir recertificaciones médicas a pacientes permanentes, garantizando además que la plataforma pueda consultarse de forma segura incluso sin servicio eléctrico o de telecomunicaciones.
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Para evitar el uso indebido de los datos personales, la pieza legislativa restringe el acceso únicamente al personal autorizado del Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y las oficinas municipales de manejo de emergencias.
Además, los municipios solo podrán consultar la información de los residentes de su propio pueblo —salvo en operativos documentados de ayuda mutua— y cada acceso quedará auditado en una bitácora digital que registrará quién vio el dato, cuándo y con qué propósito.
«No necesitamos conocer el diagnóstico de una persona para saber que depende de un equipo médico eléctrico y que puede requerir ayuda. La intención es que los primeros respondedores tengan acceso a los datos estrictamente necesarios, con controles de seguridad y respetando la privacidad de cada paciente», concluyó el legislador.

