La aprobación de la medida pudiera propiciar el éxodo de ginecólogos obstetras en la isla
A raíz de la aprobación del PS0923 que busca tipificar la muerte de un no nacido como asesinato por parte del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, expertos advierte sobre posible implicaciones para la salud pública.
Según el doctor Nabal Bracero, ginecólogo obstetra y oficial del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) advierte que esta legislación no solo erosiona el acceso a servicios reproductivos, sino que amenaza con acelerar la fuga de ginecólogos y obstetras hacia jurisdicciones con marcos legales menos hostiles.
“Dondequiera que se ha generado un ambiente jurídico legal de restricción de servicios reproductivos; ha habido unos impactos tanto clínicos como poblacionales bien dramáticos. Se están quedando sin ginecólogos los pacientes de esos estados», expresó en entrevista con BeHealth.
Asimismo, el doctor enfatiza que los médicos jóvenes, especialmente aquellos en formación, evitan establecerse en lugares donde su práctica clínica esté bajo amenaza criminal.
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Además, señala que la pieza legislativa puede alterar el estándar de cuidado. Si se eliminan las opciones tras un diagnóstico (como malformaciones congénitas), herramientas como las pruebas prenatales pierden su propósito clínico.
«Si le restringimos el acceso a lo que una mujer puede hacer con su embarazo, vamos a hacerle la práctica de la obstetricia y de la medicina materno-fetal bien difícil a los proveedores de salud», apuntó.
A su vez, destacó un fenómeno documentado en estados como Texas y Georgia donde las personas en edad reproductiva emigran para evitar un ambiente legal que criminaliza sus decisiones de salud. Del mismo modo, el especialista aclaró que la obstetricia siempre atiende dos vidas, pero que antes de la viabilidad (24-25 semanas), la salud de la madre debe ser la prioridad clínica.
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Igualmente, Bracero concluye que la legislación ignora que la terminación del embarazo es, en muchos casos, parte esencial de la planificación familiar y el manejo de complicaciones médicas graves. La criminalización, advierte, podría llevar incluso a un aumento en las esterilizaciones permanentes en jóvenes que temen enfrentar procesos legales por complicaciones en su gestación.
