Profesionales de la conducta se adiestran en ciberpsicología forense para ofrecer una respuesta inmediata que mitigue el trauma y proteja la reputación de las víctimas
La difusión de imágenes sexuales no consentidas, comúnmente llamada «pornovenganza», representa una de las agresiones más devastadoras en el entorno digital, con consecuencias directas en la estabilidad emocional y la reputación de las víctimas. Ante este escenario, la ciberpsicología forense como una respuesta crítica de salud mental para detener el trauma y la revictimización.
Para los profesionales de la conducta —psicólogos, trabajadores sociales y consejeros—, la llegada de una víctima en crisis requiere una acción inmediata que va más allá de la terapia tradicional. Según el licenciado José A. Motijo, profesor de Ciberpsicología Forense y experto en derecho, la prioridad debe ser detener la viralidad del contenido para mitigar el daño psicológico.
“La víctima quiere detener los famosos likes, quiere detener que se siga haciendo viral una imagen sexual que ha sido compartida sin consentimiento. El primer acto que hace este profesional es orientarlo, guiarlo en el proceso de que se descarguen las imágenes sexuales», explicó Motijo.
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A partir de mayo de 2025, entró en vigor a nivel federal el Taking Down Act, una legislación que obliga a redes sociales, navegadores y plataformas web a tener políticas claras para que las víctimas soliciten y logren la eliminación inmediata de material no consentido.
En el ámbito local, Puerto Rico cuenta con la Ley contra la Venganza Pornográfica, la cual posee un elemento distintivo: a diferencia de la ley federal, la local también protege contra la difusión de audios de naturaleza sexual compartidos sin permiso.
Asimismo, Motijo enfatiza que la ciberpsicología forense combina la seguridad cibernética, la psicología y la criminología para procesar a los culpables. Gracias a la evolución de la «huella genética» hacia la «huella digital», hoy es posible detectar con precisión quién compartió la imagen y quién la recibió, facilitando tanto la justicia criminal como acciones civiles contra los responsables.
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Sin embargo, el desconocimiento de estas leyes entre los profesionales de la conducta y las agencias de orden público sigue siendo un reto para la salud pública.
«La respuesta para mí, en este momento histórico en que tenemos una legislación nueva, es que todo el mundo se adiestre, conozca que cuando recibes una víctima, para evitar que aumente el trauma y se revictimice, es detener que se compartan esas imágenes», sostuvo.
Del mismo modo, Motijo ha desarrollado cursos de educación continua y adiestramientos para abogados y estudiantes de justicia criminal, buscando que todo el sistema —desde el cuartel de policía hasta el consultorio del psicólogo— hable el mismo lenguaje de protección. El objetivo final es garantizar que el ciberespacio sea un entorno seguro, protegiendo la reputación digital, la cual es hoy una extensión inseparable de la identidad y la salud integral de todo ser humano.
