La Dra. Jennifer Del Valle, presidenta de la organización sin fines de lucro Alternativas para el Autismo, elevó su voz para advertir que el Proyecto del Senado 1301 (P.del S.1301), aunque se presenta como una medida de de protección, puede terminar exponiendo a los infantes a riesgos altos al permitir la grabación de audio y video de sesiones terapéuticas personalizadas cuando permanezcan solos con su terapista.
Este proyecto del senado tiene el objetivo de documentar sesiones terapéuticas para investigar posibles alegaciones de conducta inapropiada. La doctora Jennifer señaló que esta es una medida que no considera una realidad crítica, ya que en la isla muchas situaciones de abuso, negligencia o maltrato ocurren especialmente dentro del entorno familiar o son cometidas por individuos cercanos a la víctima.
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¿Puede ser un problema?
Los datos identifican que la negligencia física, emocional y educativa sigue siendo la modalidad de maltrato que más prevalece, ya que representa aproximadamente dos terceras partes de las tipologías reportadas. Además, en la mayoría de los casos fundamentados, los perpetradores suelen ser personas cercanas al menor, en el que se incluyen:
- Sus padres biológicos
- Padrastros
- Parejas sentimentales de los padres
- Otros familiares directos
Para el caso del abuso infantil, los ofensores suelen formar parte del núcleo familiar o del circulo de confianza de la víctima. La experta mostró su preocupación ante el panorama actual en cuanto a la estadística del maltrato infantil en Puerto Rico, puesto que, en datos recientes se reporta un incidente de maltrato infantil aproximadamente cada 65 minutos, mientras el Departamento de la familia recibe más de 1.400 referidos mensuales por posibles casos de maltrato o negligencia.
Para el mes de enero de 2026 se recibieron 1.466 referidos, siendo esta una cifra superior a los 1.242 casos reportados en el mismo mes de 2024. Además, durante los primeros 50 días de 2026 ya se habían contabilizado más de 2,400 referidos.
Sobre el proyecto
La doctora indicó que si el menor se siente en confianza con su patólogo del habla y le dice que en su casa está pasando por una situación determinada, y eso se está grabando, ese menor no va a tener una protección adecuada porque no va a contar con un espacio seguro para traer las situaciones que está viviendo.
“La terapia debe ser un lugar seguro, no un escenario vigilado que ocasione miedo. Es por esta razón, a su juicio, el proyecto podría romper la confianza entre el menor y el profesional que lo atiende, en particular en casos donde los infantes necesitan ayuda para comenzar situaciones sensibles”, explicó.
El P. del S. 1301 establece que las grabaciones formarían parte del expediente clínico o terapéutico y podrían utilizarse para propósitos clínicos, protección del menor, investigaciones administrativas o criminales, procedimientos judiciales y cualquier otro uso autorizado expresamente por el padre, madre o tutor encargado legal.
La presidenta aclara su preocupación por este último punto, ya que entiende que abre una puerta amplia para el uso de información sensible de menores.
¿Se debe detener el proceso?
“En la isla contamos con profesionales de la salud que están sumamente comprometidos con la población, sobre todo con los más vulnerables. Hay un compromiso ético y legal para proteger a los niños”, afirmó.
La especialista en el diagnóstico de autismo en niños y adultos dentro del Trastorno del Especto Autista (TEA) hizo un llamado para detener la aprobación del proyecto en su forma actual y abrir una discusión que sea más responsable, la cual este centrada en proteger verdaderamente a los menores sin destruir la confidencialidad terapéutica.
“La prioridad siempre va a ser la protección de los menores, y ya contamos con esos mecanismos. Lo importante es ayudar a los padres a entender esos mecanismos”, concluyó.
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