Experta plantea que la medida impondría una carga emocional adicional a las embarazadas
La posible aprobación del Proyecto del Senado 0923, que busca tipificar como asesinato la muerte de un no nacido en cualquier etapa de gestación, ha encendido las alarmas no solo en la comunidad médica, sino también en el sector de la salud mental. La doctora Barbara Barros, psicóloga clínica, advierte que la medida crea un entorno de «amenaza criminal» que podría exacerbar trastornos de ansiedad en mujeres embarazadas y acelerar el agotamiento emocional de los pocos obstetras que quedan en la isla.
Según Barros, psicóloga clínica, el mayor peligro de la pieza legislativa reside en su falta de claridad. Al no definir los límites entre un evento natural, como un aborto espontáneo, y un acto negligente, la ley coloca a la persona gestante en un estado de vulnerabilidad extrema. Esta incertidumbre jurídica se traduce directamente en un impacto severo sobre la salud mental de las pacientes.
«La ambigüedad de la ley expone a las mujeres embarazadas al temor de que una pérdida involuntaria sea catalogada como un acto negligente o un asesinato. Esta incertidumbre legal es capaz de generar un profundo malestar emocional, exacerbando el miedo que, de manera natural, ya acompaña el embarazo”, explicó
Aunque los proponentes del proyecto aseguran defender la vida, la doctora Barros señala que crear un marco legal punitivo es contraproducente para fomentar la natalidad en Puerto Rico. La presión social y económica, sumada ahora a una posible persecución legal, podría alejar a las generaciones jóvenes de la maternidad y la paternidad.
«Si tú quieres promover la natalidad, lo ideal es promover un entorno que se sienta seguro, que se sienta que se tienen los recursos para manejar todas las situaciones. Este tipo de ley no promueve eso; la ambigüedad puede generar que la gente diga: ‘mejor no tengo hijos, porque si me pasa algo, ahora me acusan”, expresó.
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Asimismo, compartió que el análisis psicológico también se extiende a los proveedores de salud. La obstetricia es una especialidad con altos índices de burnout, y sumar la preocupación de un proceso legal por cada complicación clínica podría ser el «tiro de gracia» para la retención de especialistas.
«El hecho de tener que estar involucrado en un proceso legal ya son estresores que no necesitamos que profesionales como los que practican la obstetricia en este país —que son pocos— tengan. Quizás muchos digan: ‘sabes qué, no quiero más estresores’ y simplemente dejen de hacer la obstetricia, y ahí seguimos aumentando los problemas», comentó.
La doctora Barros advierte sobre el fenómeno del «doble duelo». Según la experta, las mujeres que enfrentan pérdidas naturales suelen cargar con una culpa intrínseca; sin embargo, esta legislación impondría una carga adicional: el miedo al Estado. Este temor a ser procesadas convierte un proceso de duelo, ya de por sí doloroso, en una experiencia traumática marcada por la persecución legal.
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Desde la perspectiva de la salud mental perinatal, el embarazo se define como una etapa de alta vulnerabilidad biológica y emocional. La introducción de estresores legales durante este periodo no es inocua; por el contrario, eleva significativamente el riesgo de desarrollar trastornos graves del estado de ánimo, los cuales pueden persistir y agravarse durante el posparto.
A su vez, la especialista señala la invisibilidad del padre en esta discusión. La medida también impacta profundamente a las parejas, quienes, en su deseo de protección, experimentan niveles críticos de estrés. El entorno familiar se ve fracturado ante la posibilidad real de que la persona gestante sea procesada criminalmente por un evento de salud fuera de su control.
