El comisionado residente en Washington confía en lograr una extensión a los fondos de Medicaid, pero advierte sobre los filtros del Senado federal y las trabas burocráticas locales para otros programas clave
A pesar de la amenaza inminente de un abismo fiscal que reduciría los fondos federales de salud para Puerto Rico de $4,000 millones a apenas $500 millones, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que existen razones sólidas para estar optimistas respecto a lograr una extensión e incluso una mejoría permanente en el financiamiento de Medicaid.
Durante una sesión de preguntas y respuestas con el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá Cortés, en el marco de la convención anual de la entidad, el funcionario delineó las oportunidades de negociación en la capital federal, sin pasar por alto los estrictos filtros legislativos y los retos burocráticos locales.
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Hernández sostuvo que el panorama en el Congreso luce favorable gracias a una menor resistencia fiscal —al tratarse de extender o modificar un programa vigente y no de crear un costo nuevo— y al interés bipartidista en el Comité de Energía y Comercio por pactar una solución permanente. A esto se suma el frente común con la oficina de la gobernadora para advertir a Washington que recortar fondos obligaría a más pacientes a emigrar a los estados, donde su atención resulta sustancialmente más cara para el erario federal.
«Si el Congreso no las extiende y las modifica, pues redondeando, iríamos de tener cuatro mil millones para la salud a cerca de 500 millones, lo cual sería catastrófico para Puerto Rico y para la industria de los hospitales . Dicho eso, nos sentimos optimistas de que como mínimo se van a extender estos topes, pero más que eso, nos sentimos optimistas de que vamos a ver una mejoría en el financiamiento del programa», afirmó Hernández.
Pese al tono esperanzador, el comisionado advirtió que la paridad enfrenta como principal escollo al Senado federal. Aunque la Cámara baja suele mostrar mayor apertura, la Cámara alta opera históricamente como un podador de asignaciones para generar ahorros, lo que podría obligar a que cualquier avance sustancial termine siendo paulatino.
«El problema sería que una vez eso llegue al Senado, el Senado es el que suele empezar a tachar para buscar ahorro y que ahí podría verse afectado; entonces sería quizás un avance paulatino lo que se pueda conseguir», advirtió.
Con las elecciones federales a celebrarse en poco más de un mes, Hernández reconoció que una victoria demócrata bajo el liderato de Hakeem Jeffries colocaría la paridad en máxima prioridad. No obstante, matizó que aun si los republicanos retienen el control, existen canales de entendimiento con figuras como Brett Guthrie para negociar una salida duradera.
El contraste más marcado entre optimismo y dificultad se dio en el ámbito de la asistencia socioeconómica. Mientras el plan para transicionar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP sumó cerca de 80 coauspicios, Hernández admitió con franqueza que la medida es «cuesta arriba» debido a la desconfianza del Congreso en la capacidad tecnológica y administrativa de las agencias del gobierno local para ejecutar el programa.
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Ante esa traba institucional, adelantó un cambio de estrategia; concentrar esfuerzos en el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) para impulsar la extensión del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio directo para los adultos mayores que ya cuenta con el precedente de haber sido avalado en la Cámara baja en legislación previa.
Al concluir su intercambio, Hernández enfatizó que garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema de salud y del Plan Vital requerirá mantener un frente común y despolitizado en Washington, con la meta de regresar el próximo año con acuerdos concretos que protejan los servicios médicos en la isla.
