Acceso a tecnologías: Clave en el manejo de pacientes con diabetes tipo 1 en Puerto Rico y América Latina

La diabetes tipo 1 (DM1) se debe a una reacción autoinmune. El cuerpo se equivoca y crea anticuerpos contra el páncreas hasta que el órgano se apaga. Esta condición se diagnostica con mayor frecuencia en niños y jóvenes. Es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2; de hecho, representa entre el 5% y el 10% de los casos[3].

Sin embargo, de acuerdo con los expertos, la DM1 presenta un alto índice de subdiagnóstico debido al desconocimiento de la población, la limitada cantidad de profesionales de la salud especializados en el área y la escasez de recursos dedicados a la detección y diagnóstico. Esta carencia se vincula directamente con una tasa de mortalidad más elevada, consecuencia de la ausencia de tratamiento oportuno.

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la región enfrenta un acceso limitado a tecnologías innovadoras esenciales para el manejo efectivo de la diabetes. Solo 12 países cuentan con seis tecnologías básicas necesarias, como equipos para medir la glucosa en sangre, pruebas para el diagnóstico temprano de complicaciones y tiras reactivas de orina para el análisis de glucosa y cetonas.

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A pesar de este panorama desafiante, los especialistas destacan la existencia de soluciones tecnológicas avanzadas disponibles para el tratamiento de la DM1. Entre ellas, se encuentran los sistemas de administración automatizada de insulina, que han demostrado reducir complicaciones y permitir hasta el 90% de los pacientes alcancen el control óptimo de glucosa recomendado. De acuerdo con el Dr. Segundo Seclén, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), el manejo adecuado es crucial, ya que la DM1 puede ocasionar daño cerebral funcional, afectar el coeficiente intelectual debido a las hipoglucemias y, por ende, disminuir la esperanza de vida y aumentar la mortalidad.

Sin embargo, la utilización de estas y otras tecnologías varía: hoy se observan notables disparidades entre los países de la región en lo que respecta al acceso a recursos fundamentales para el tratamiento de esta condición médica.

Puerto Rico, específicamente, cuenta con un sistema de salud privatizado y un sistema de salud del gobierno. En el caso de los planes privados, los beneficios dependen del plan ofrecido por la aseguradora que escoja cada persona o grupo familiar. Existe la Ley 177 la cual obliga que todos los planes de salud cuenten con la cobertura de un medidor de glucosa en sangre, tirillas y lancetas y las microinfusoras de insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Aún queda por lograr la enmienda a dicha ley para que se incluya el monitor continuo de glucosa que tanto beneficio provee a un paciente con diabetes. Sin embargo, la falta de profesionales especializados para tratar este tipo de enfermedades se convierte en un problema importante para el sector médico.

“A pesar de que en Puerto Rico estamos al día en cuanto a los últimos adelantos en tecnología para manejar la diabetes y los pacientes tienen acceso a ellos, es muy cuesta arriba que los planes médicos aprueben los equipos y suplidos. Por otro lado, necesitamos contar con más endocrinólogos pediátricos en la Isla, actualmente son solo 13 actualmente y no es suficiente” expresó Mariana Benítez Hilera, MHSA, directora ejecutiva de la Fundación Pediátrica de Diabetes.

Por su parte, en Chile, la Ley Ricarte Soto brinda protección financiera a pacientes con condiciones específicas de salud, como enfermedades oncológicas, inmunológicas, raras o poco frecuentes, para el diagnóstico y tratamiento de alto costo. Esta ley contempla el acceso a terapias innovadoras, incluyendo insulinas análogas, sistemas de administración automatizada de insulina y dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, como las bombas de insulina, que permiten un control y tratamiento más preciso y efectivo al suministrar la insulina de forma dinámica, ajustándose a las necesidades del organismo de la persona que padece esta enfermedad.

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A pesar de estos avances, persisten algunas barreras que enfrentan los pacientes para lograr un control adecuado de esta patología. Si bien Chile se destaca como uno de los países más avanzados en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 1 en la región, aún existen dificultades en la reposición de bombas de insulina, con tiempos de espera prolongados y, en muchos casos, saturación de los servicios de atención, lo que dificulta el manejo de la condición.

Asimismo, en Colombia, el acceso a tratamientos innovadores como la insulina análoga y los sistemas de administración automatizada de insulina está contemplado tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado de salud. Esto facilita el control de la enfermedad y evita complicaciones a corto y mediano plazo que podrían representar mayores costos para pacientes, familiares y entidades de salud.

En Argentina, la Ley Nacional de Diabetes garantiza el acceso a servicios esenciales para mejorar el control glucémico y reducir complicaciones, incluyendo insulinas análogas o bombas de insulina.

Por otro lado, en Perú,los pacientes con diabetes tipo 1 continúan siendo tratados con insulina humana, un enfoque en desuso a nivel global. El Dr. Segundo Seclén, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), destaca que este tratamiento se asocia con complicaciones como la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre) y una gran variabilidad glucémica que no logra un control efectivo de la condición.

En el caso de México, las personas con diabetes tipo 1 deben acudir a un hospital de tercer nivel del sector salud y/o ser beneficiario de alguna asociación de pacientes para tener acceso a tratamientos con insulina, pero no pueden acceder a tecnologías como los sistemas de administración automatizada de insulina (también llamados bombas) y de monitoreo continuo de glucosa.

En esa línea, los expertos señalan la importancia de seguir las buenas prácticas de países como Puerto Rico, Argentina, Colombia y Chile e impulsar la implementación de políticas de salud pública en cada país. A su vez, destacan la necesidad de alinear la legislación con la realidad operativa, asegurando que lo establecido por la ley se refleje efectivamente en la práctica médica. Este alineamiento busca garantizar diagnósticos precisos y tratamientos innovadores para lograr un mejor control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.