La Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo celebraron un foro para visibilizar las barreras de transportación que enfrentan cientos de miles de personas con diversidad funcional.
En un foro reciente celebrado como parte del «Día de Intercesión Hacia Políticas Más Inclusivas» , la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia (SPE) , junto con el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), destacó la necesidad urgente de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con impedimentos en la isla.
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El transporte fue el tema principal del foro, un problema que afecta a una gran parte de la población. Durante el conversatorio estuvo presente el director ejecutivo de SPE, Alex Ramírez, quién dejó ver su intención con el evento.
“Lo que queremos es una participación activa de las personas con impedimentos para traer las ideas y los cambios radicales que se pueden dar en la sociedad”, manifestó.
Según el licenciado Kelly Cruz, quién estuvo en representación de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP), Maria de Lourdes Santiago Negrón, en Puerto Rico viven cerca de 720,000 personas con algún tipo de impedimento . De estos, aproximadamente 330.000 tienen diagnósticos severos que requieren asistencia constante y enfrentan grandes barreras de movilidad.
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«La realidad es que es prácticamente imposible uno funcionar en sociedad si no hay transporte y más aún para personas con diversidad funcional”, expresó Cruz.
Asimismo, la licenciada Yessica Guardiola, presidenta del CEDD y quién padece de una discapacidad visual, relató su propia experiencia al usar el transporte público, describiendo el trayecto como una «odisea» debido a la falta de accesibilidad.
Guardiola señaló que barreras como la ausencia de rampas en los cruces de carreteras hacen que el transporte público sea inaccesible para personas en sillas de ruedas, con andadores o incluso con cochecitos de bebé. Esta situación obliga a la mayoría de las personas con impedimentos a depender del transporte privado, lo que limita su capacidad para integrarse plenamente en la sociedad.
«Me parece pertinente explicar el proceso que tenemos que pasar personas con discapacidad, en mi caso, que tomamos transporte público porque a veces no nos queda otra opción”, declaró durante el conversatorio.
Propuestas y Proyectos para el Futuro
Para abordar esta problemática, los organizadores del evento propusieron un proyecto piloto. La iniciativa busca investigar la viabilidad de utilizar fondos federales para subvencionar servicios de transporte como Uber y Lyft. El objetivo es facilitar el acceso a un transporte efectivo y seguro para las personas con discapacidad. Se espera que, una vez confirmada la viabilidad, el proyecto pueda implementarse para el próximo año fiscal.
Además, el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo tiene un proceso abierto para colaborar en la capacitación de proveedores de servicios de transporte a nivel municipal. El objetivo es que estos servicios sean más accesibles para la población con discapacidad.
Desafío Jurídico y Derechos Internacionales
El licenciado Cruz explicó que, a pesar de la necesidad evidente en Puerto Rico y los Estados Unidos no existe un derecho a la transportación como tal. Aunque la Constitución protege el derecho al libre tránsito, esto ha sido interpretado por los tribunales como una obligación del Estado de no interferir con la movilidad, no de proporcionar el servicio.
En contraste, la comunidad internacional ha reconocido el derecho al transporte para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 , un tratado ratificado por 191 de los 193 países de la ONU, establece este derecho. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado dicho tratado , lo que deja a la población sin una herramienta jurídica sólida para exigir estos servicios.
El próximo foro, programado para el 30 de septiembre, se centrará en otro tema de gran importancia para la comunidad: el empleo.
