La Cámara de Comercio de Puerto Rico advierte que el encarecimiento de las primas asfixia a los comercios locales y reclama acción urgente ante el vencimiento de fondos de salud en 2027
La sostenibilidad del ecosistema de planes de salud en Puerto Rico, la disparidad de costos en comparación con los Estados Unidos y la inminencia del vencimiento de asignaciones federales en 2027 dominaron este jueves la cumbre empresarial «Actualización 2026: Del Diagnóstico a la Acción», convocada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).
Líderes de los sectores privado, legislativo y asegurador coincidieron en que, a pesar de que el modelo local ofrece beneficios más abarcadores y exime al empleado de asumir deducibles iniciales onerosos, la fragilidad económica de la isla convierte el pago de las primas en una carga operacional casi insostenible para los patronos.
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El presidente de la CCPR, José Julio Aparicio Laspina, afirmó que la organización mantiene su agenda centrada en tres áreas prioritarias inmediatas para contener el impacto sobre el tejido comercial.
«Los tres elementos principales que estamos trabajando son mantener nuestras clases de doctores, ayudar en los fondos federales y en Puerto Rico eliminar leyes y regulaciones que hagan menos costoso operar nuestro sistema de salud», sentenció Aparicio Laspina.
El líder gremial detalló que el 70% de los recursos financieros que sostienen la infraestructura sanitaria de la isla dependen de los fondos del Congreso federal a través de programas como Medicaid y Medicare, cuyas partidas actuales caducan en el año 2027. Según Aparicio Laspina, la Cámara de Comercio impulsa el programa de cabildeo e instrucción FACES (Federal Affairs Chamber Educational Series) con el fin de retener el nivel de fondos actual o lograr la paridad con jurisdicciones hermanas como las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Una asignación a ese nivel inyectaría cerca de 2,000 millones de dólares adicionales a la economía local y representaría un incremento directo de 2% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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Aparicio Laspina puntualizó además que la retención de especialistas médicos en Puerto Rico trasciende las regulaciones tarifarias, requiriendo atender problemas estructurales de permisos y el encarecimiento del mercado de vivienda.
«¿Qué tú haces cuando terminas de estudiar y ejerces tu profesión? Buscas forma una familia y una buena casa. Pero si no lo consigues en Puerto Rico y en Estados Unidos te pagan más, pues te nos vas», argumentó.
Por su parte, el licenciado Luis E. Pizarro Otero, presidente del Comité de Salud de la CCPR y principal oficial ejecutivo de FIDE LLC, contrastó las disparidades entre el mercado asegurador local y el de los estados de la unión continental. Pizarro Otero explicó que, mientras el gasto per cápita en salud en Estados Unidos promedia los 16,000 dólares anuales, en Puerto Rico apenas ronda los 6,000 dólares, requiriendo a los aseguradores locales pagar el mismo precio por los medicamentos con solo una tercera parte de los recursos económicos.
«En otros lugares en Estados Unidos hay deducibles bien altos, que un empleado tiene que pagar al frente 1,000 o 5,000 dólares antes de que entre su plan En Puerto Rico eso no existe; desde que el empleado entra al plan, tiene un medicamento y paga el copago», expresó.
Asimismo, el licenciado Raúl Candelario López, presidente del Comité de Legislación y Cabildeo de la Cámara, apuntó que la presión por cambios regulatorios se ha trasladado a movimientos ciudadanos e iniciativas comunitarias (grassroots), las cuales buscan alternativas ante la inminencia del abismo fiscal que encara el país.
