La entidad médica señala que la suma cerca de 20,000 nuevos pacientes anuales aumentará costos y afectará servicios
El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMCPR) lanzó hoy una advertencia al gobierno sobre las implicaciones en el sistema de salud de las enmiendas a la Ley del Nasciturus o Ley 183, más conocida como Código Civil de Puerto Rico para reconocer al óvulo fecundado como «persona natural» argumentando que significa una transformación radical en el tratamiento médico.
El organis médico aseguró que la ley firmada el pasado 20 de diciembre del 2025 por la gobernadora, Jennifer González Colón, transforma la consulta clínica en un escenario de alta complejidad médico-legal, ya que el sistema de salud ahora debe gestionar a dos pacientes distintos —la gestante y el nasciturus— donde antes solo existía uno.
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Esta duplicidad, que suma cerca de 20,000 nuevos pacientes anuales, conlleva un aumento inmediato en los costos de las visitas y hace estrictamente indispensable la realización de pruebas de embarazo de laboratorio a toda mujer en edad reproductiva que acuda a consulta, con el fin de documentar cualquier tratamiento que pudiese afectar a la nueva persona natural, invalidando para propósitos legales las pruebas caseras.
Además, la implementación de esta ley ignora los profundos conflictos que surgirán al intentar balancear tratamientos y recetas entre ambos pacientes, abriendo la puerta a una judicialización de la medicina sin precedentes. Al quedar redactada de esta forma, la legislación otorga a tribunales y jueces el poder de convertirse en interventores constantes de los procedimientos médicos, permitiendo su injerencia ante cualquier desavenencia entre la gestante, el padre biológico o el propio estado.
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Asimismo, comentaron que la ley fue aprobada a toda prisa y que no tomó en
cuenta las repercusiones que tendrá en la práctica de la medicina ni las nuevas obligaciones que el gobierno contrae e impone a los profesionales de la salud con vigencia inmediata.
Aunque la nueva ley sostiene que no interfiere con el derecho al aborto clínico, el reconocimiento del nasciturus como persona natural impone nuevas y costosas responsabilidades sobre el Estado, los hospitales y los médicos. Según los expertos, este cambio generará una inflación inevitable en los costos de los seguros de impericia médica y un aumento sustancial en los litigios legales, a menos que el Estado intervenga para controlar el impacto económico de las nuevas obligaciones.
“Al margen de lo que cada quien opine sobre el derecho al aborto, intacto luego de esta ley según su propio texto, uno clama al cielo, para que la misma intensidad de atención al óvulo fecundado motive a hacer lo mismo con todos los menores de edad abandonados, quienes viven en condiciones poco saludables, quienes son maltratados o son revictimizados por el estado cuando sus expedientes yacen inertes sin atenderlos por falta de reclutamientos urgentes”, expresó el doctor Carlos Díaz , presidente de CMCPR.
El reconocimiento legal de nuevas personas naturales en gestación les otorga derechos exigibles, como pruebas diagnósticas sofisticadas, intervenciones quirúrgicas intrauterinas y la prolongación de la vida fetal mediante recursos extremos. Si bien la ley exige servicios de apoyo psicológico para todas las gestantes, los médicos advierten que este aumento en la demanda podría obligar a racionar servicios al resto de la población por falta de recursos o personal. En un Puerto Rico que ya enfrenta una severa escasez de médicos, estas nuevas obligaciones burocráticas y judiciales amenazan con hacer el sistema de salud impagable e inoperante.
La vulnerabilidad del feto podría intensificarse si la atención médica se retrasa debido a la escasez de fármacos, la falta de especialistas o la espera por resoluciones judiciales ante conflictos legales. Los expertos advierten que el temor a riesgos médico-legales podría desatar una «epidemia de medicina defensiva», donde los profesionales eviten realizar ciertos procedimientos, postergando beneficios clínicos críticos y comprometiendo la salud de la nueva persona natural.
Del mismo modo, el CMCPR continua evaluando las repercusiones de esta legislación y reclama del gobierno la diligencia para poner en pie estas garantías exigidas y otras que irían surgiendo a medida que se evalúa la experiencia de esta legislación.
