Advierten que el PS 1301 atenta contra la privacidad de los menores y acelerará la fuga de especialistas en la Isla
Un frente compuesto por más de 15 organizaciones profesionales de la salud y la educación especial en Puerto Rico se declaró en «gato encerrado» y férrea oposición al Proyecto del Senado 1301 (PS 1301). La medida busca obligar la grabación en audio y video de todas las intervenciones terapéuticas individuales a menores de edad y personas con discapacidad.
Según los portavoces del colectivo, de convertirse en ley, la medida provocará un éxodo masivo de especialistas que optarán por cesar sus servicios antes que violar la confidencialidad de sus pacientes.
La pieza legislativa, de la autoría de la senadora Brenda Pérez Soto, se encuentra bajo la evaluación de la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Oscar Morales. Su objetivo principal es enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.
Lee: Impulsan comunidades de PR como eje de innovación en salud
Sin embargo, los profesionales aseguran que el proyecto no atiende una problemática real en la Isla, sino que responde a presiones e intereses económicos de corporaciones estadounidenses.
«La fiscalización jamás debe lograrse a expensas de la integridad del tratamiento clínico», sentenció el frente interdisciplinario, recordando que Puerto Rico ya cuenta con Juntas Examinadoras capaces de procesar querellas éticas.
Te puede interesar: Alternativas para el Autismo advierte que el Proyecto del Senado 1301 puede ser peligroso para los menores
Los gremios advierten que obligar a grabar las sesiones destruiría el espacio de confianza y espontaneidad indispensable para el progreso clínico, afectando severamente áreas íntimas de la terapia ocupacional como la higiene, la alimentación y el uso del baño. Clínicamente, esta intrusión vulnera los derechos constitucionales y civiles de los menores como individuos independientes de sus custodios, lo que además entra en rumbo de colisión directo con el privilegio psicoterapeuta-cliente establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y con estrictos estatutos de confidencialidad de rango local y federal, tales como las leyes HIPAA y FERPA.
En el aspecto socioeconómico, la medida impondría una carga financiera insostenible a los proveedores, quienes tendrían que costear equipos especializados, almacenamiento digital seguro y primas de seguros de impericia más altas. Esta asfixia económica, sumada al inminente riesgo de ciberataques que expongan la privacidad de los menores, aceleraría drásticamente la ya crítica fuga de profesionales de la salud en la Isla, provocando que múltiples especialistas opten por cesar sus servicios antes que comprometer la ética y el bienestar de sus pacientes.
El frente interdisciplinario concluyó con un emplazamiento directo a la Cámara Alta para que detenga el avance de la medida. Argumentan que, en momentos en que Puerto Rico atraviesa una aguda crisis de salud mental, el PS 1301 agravará la escasez de profesionales y dejará desprovista a la población más vulnerable de la Isla.
